El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, ha presentado la Memoria correspondiente a 2009, donde ha puesto de manifiesto la evolución registrada en la actividad de las distintas áreas de la AEPD, y en particular el incremento en más de un 75% de las denuncias recibidas, que alcanzaron la cifra de 4.136, y el número de solicitudes de tutela de derechos, en un 58%.
Por sectores de actividad con mayor número de denuncias e investigaciones, destacan las telecomunicaciones y el sector de las entidades financieras, con 908 y 768 respectivamente. En tercer lugar se situó la videovigilancia, que continúa su ascenso imparable: pasando de 365 denuncias en 2008 a 721 en 2009. En cuarto lugar se situaron las Administraciones Públicas, seguido de la publicidad electrónica.
La Memoria constata que los procedimientos sancionadores resueltos por la Agencia se incrementaron cerca de un 13%, alcanzando los 709, de los cuales 621 culminaron con la imposición de sanción.
Dentro del capítulo de sanciones económicas, las multas impuestas por la AEPD han ascendido hasta los 24,8 millones de euros, lo que supone un incremento que roza el 13%. Cabe destacar que, en función de la gravedad, el 74% de las mismas fueron graves, el 21,3% leves y el 4.6% muy graves.
Los sectores que más sanciones acumulan son el de las telecomunicaciones- principalmente por inclusión indebida en ficheros de morosidad y contratación fraudulenta de servicios- (con 170 sanciones), la videovigilancia (con 117), el sector financiero (con 89) -principalmente por inclusión indebida en listas de morosidad, junto con casos de vulneración del deber de seguridad y secreto- y las comunicaciones electrónicas comerciales y spam (con 39).
En la Memoria se destaca como las sanciones por videovigilancia se incrementan hasta situarse como el segundo sector con mayor número de sanciones - por delante del sector financiero-, con 117 sanciones, frente a las 27 registradas en 2008. Los principales motivos de denuncia y sanción en este sector han sido la ausencia de carteles informativos, la grabación o captación de imágenes de la vía pública y- antes de la entrada en vigor de la Ley Ómnibus-, la ausencia de contrato con una empresa de seguridad acreditada.
Asimismo, la Memoria evidencia el crecimiento las denuncias y sanciones impuestas por el tratamiento indebido de datos en la esfera de la morosidad, en cuyo ámbito se incrementaron en un 225% las denuncias y en más de un 570 % las tutelas de derechos iniciadas por la Agencia.
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